España ocupa el puesto número 13 en el último Índice de Libertad de Enseñanza, el sexto de la UE
El Índice de Libertad de Enseñanza de 2023, que analiza el pluralismo educativo en 157 países equivalentes al 98% de la población mundial, ha sido presentado por Oidel –ONG promotora del indicador, junto a Fundación Civismo y Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva)– en el Congreso de los Diputados. Ignasi Grau, director de Oidel, ha subrayado el papel de «la educación en cualidad de derecho humano» tal y como la contempla la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el «derecho preferente de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos», ilustrado por el «descenso del rendimiento que causa la desconexión entre educación y familia que muestra el informe de PISA».
El estudio presentado concluye que, a pesar de que el 78% de los países analizados ofrece algún tipo de financiación a escuelas no gubernamentales, la mitad proporciona una ayuda económica baja y tan sólo el 22% financia los costes por completo. Entre otras conclusiones, la relación entre países de rentas altas y la financiación de estos centros no siempre se establece y, en líneas generales, la tasa de matriculación en centros no gubernamentales no ha experimentado un crecimiento significativo en 2023.
Para la elaboración del índice se han tenido en cuenta indicadores como la posibilidad legal de establecer o administrar escuelas no gubernamentales, la financiación pública de estos colegios, la tasa de matriculación en estos centros y la tasa de matriculación en relación con el porcentaje total en educación primaria.
De los 157 países evaluados, sólo seis, incluidos Cuba, Eritrea, Corea del Norte y, recientemente, Afganistán, no reconocen la libertad de educación en su legislación nacional. Por otro lado, 101 países tienen protección a nivel constitucional, ya sea reconociendo explícitamente la libertad educativa, el derecho de los padres a elegir libremente la educación para sus hijos, o permitiendo la existencia de escuelas no gubernamentales.
En general, ha habido una tendencia moderadamente positiva desde 2002 a favor del reconocimiento formal de la dimensión «libertad del derecho a la educación», especialmente en el sudeste asiático y África subsahariana. Además, se observa una creciente polarización política en la interpretación y aplicación práctica de la libertad de educación, por ejemplo, en el debate sobre la financiación pública, los estándares mínimos requeridos para los diferentes tipos de escuelas o la educación en el hogar (homeschooling).
