La Xunta debería dotar y mantener los centros de menores en mejores condiciones

Dice la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, que serán consideradas como entidades de iniciativa social “aquellas organizaciones o instituciones no gubernamentales que gestionan centros o desarrollan actuaciones y programas de servicios sociales sin ánimo de lucro. No obstará para la consideración de carencia de ánimo de lucro el hecho de que dichas entidades perciban contraprestación de las personas usuarias, siempre y cuando del análisis de sus cuentas anuales se deduzca la no obtención de beneficio”. Esto es lo que dice la ley, pero en la práctica algunos destinatarios de los servicios sociales no pueden pagar sus cuidados, al no poder, tampoco, ejercen ninguna labor productiva remunerada para costearlos ni sus pretendidos agentes protectores están en disposición de hacerlo legalmente por tener restringida total o parcialmente su tutela. Nos estamos refiriendo a los menores en situación de desamparo. No ocurre lo mismo con las personas mayores que usan los servicios sociales durante los últimas décadas de sus vidas y que sí pueden asumir una parte o la totalidad las prestaciones que se les ofrecen.

Pero si en algo se equiparan menores y mayores a la hora de no pagar los servicios sociales que se les dedican es cuando estos se ven involucrados en algún tipo de acto antisocial, llámese éste falta, en el caso de los menores, o delito, en el de los adultos, nominaciones que están vinculadas, en un caso, con una ausencia total o parcial de la comprensión de las consecuencias de sus actos, y, en el otro, de su entendimiento.

Pues bien, cuando se trata de proteger a los menores, ya sea por el desamparo de sus progenitores o tutores o por su ausencia de comprensión de las reglas sociales, su guarda o tutela pública se convierte para ellos en su última opción protectora. Una expectativa que en Galicia es asumida por la Consellería de Política Social e Igualdade, a través de la Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Para ejercerla, ésta cuenta con unos presupuestos sociales con los que debe dar cobertura a todas las actuaciones que debe desarrollar para mantener los servicios tanto en función del número de sus usuarios como de sus necesidades vitales, así como para crear aquellas posibilidades que la sociedad gallega vaya asumiendo para el resto de sus menores.

No obstante, desde hace más de un año, trabajadores de varios centros de menores de Galicia vienen denunciando públicamente que no cuentan con el dinero suficiente para cumplir con sus labores socioeducativas ni para hacer frente al mantenimiento de sus instalaciones. Unos hechos que han tomado tal cariz que alguna convocatoria para hacerse cargo de algunos centros para los próximos años ha quedado desierta por no cubrir el presupuesto ofrecido por la Xunta los gastos derivados de su gestión.

La Xunta no puede ni debe regatear el dinero de quienes no disponen de otros medios para lograr una vida digna y autónoma. Y por eso mismo es tan importante que se les cubran suficientemente sus necesidades y se les propicie la vida que merecen. No hacerlo les originará un segundo desamparo, a la vez que se les convierte en ciudadanos de segunda.

José Manuel Suárez Sandomingo