Algo pasa en el sistema de protección de menores de Aragón
A todos los que trabajamos en el área de los servicios de protección de menores nos destrozan noticias como la ocurrida la semana pasada en un centro de menores de Aragón.
Conozco de primera mano lo que es trabajar como educador en un centro con adolescentes díscolos, a los que hay que hacerles entender que todos sus comportamientos van a tener consecuencias. Pero también conozco el esfuerzo y la vocación que impregna el trabajo de los técnicos del sistema con los que he colaborado durante más de treinta años y que ponen en todo momento lo mejor de sí mismos para que todo lo que hacen beneficie a unos niños y jóvenes en situaciones con todo tipo de carencias.
En Galicia, el sistema de protección de menores está muy regulado, tanto para los centros de menores propios como para los colaboradores, mediante contratos en los que se tasan no sólo los aspectos funcionales de los trabajadores sino también la asistencia que les deben dar en ellos a los menores que deben atender. Además, nuestro sistema de protección, como el del resto de los sistemas sociales (Mayores, Dependencia, Discapacidad, Familia, etc.), está supervisado por unos servicios de inspección desde donde se detectan las anomalías a corregir de la forma más rápida e idónea posible.
Por todo esto, lo ocurrido en Aragón no deja de sorprendernos extraordinariamente. Nos sorprende que sus trabajadores no dispusieran de las titulaciones adecuadas para ejercer las funciones que les corresponde dentro de un centro de menores con problemas de conducta; nos sorprende que en un centro de protección se les provoquen lesiones a sus asistidos, se les infrinjan torturas o se les agreda sexualmente. Está claro que este personal no está ni mínimamente preparado para trabajar con esta tipología de menores ni con ninguna otra. Parece hasta evidente que la jueza que instruye la causa les haya atribuido a todos ellos, incluido el director, la consideración de “pertenencia a grupo criminal” y que haya calificado sus delitos de estar “contra la integridad moral” y de corrupción de menores.
Pero no sólo han incurrido en dejación de funciones los propios trabajadores del centro sino todo la Administración aragonesa, si no ¿cómo es posible que esta no tenga fijado en sus contratos con las entidades concertadas que sus trabajadores y responsables han de tener una titulación que acredite su competencia para cumplir con las funciones por las que se les van a pagar?; ¿cómo es posible que estos empleados hayan llegado a provocarles lesiones a los menores y los servicios de inspección – si los tienen- no hayan denunciado algo tan grave?; ¿cómo es posible que tenga que ser la madre de uno de los menores la que denuncie las lesiones apreciadas en el cuerpo de su hijo?; ¿cómo es posible que estos empleados –con conocimiento de su director– puedan someter a los menores a aislamiento y a tratos vejatorios y degradantes? O que, incluso, le soliciten a un empleado sanitario que realice un informe falso para avalar que un menor no presentaba ningún tipo de lesión. Una petición que, con muy buen criterio profesional, se negó a redactar.
A todo lo anterior todavía hay que añadirle el hecho de que la titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Calatayud haya apreciado que una niña tenía “diversas marcas por quemaduras de cigarrillos a lo largo de sus brazos” y que también se habían ocurrido episodios de abusos físicos, psicológicos y sexuales. Por el momento, esta magistrada ha decretado el cierre provisional del centro y la prisión provisional sin fianza tanto de su director como de otros cuatro trabajadores.
Pese a todo los propios trabajadores del centro no son los únicos responsables de todos estos desmanes, sino que también lo son las autoridades del sistema de protección que no han puesto la debida atención a la asistencia y protección de los menores que tienen bajo su responsabilidad por su guarda o su tutela.
Todo este asunto debe llevar a la Gobierno aragonés a preparar un estudio en profundidad sobre los fallos y deficiencias del sistema y, en consecuencia, a reorganizarlo todo para que unos hechos tan espeluznantes y penosos no vuelvan a producirse en el futuro y no empañen la labor de otros muchos sistemas de protección españoles que funcionan bastante bien y que cada día tratan de superar las dificultades que se les presentan, a pesar de no disponer de todos los recursos técnicos y materiales que precisan.
José Manuel Suárez Sandomingo
