La distribución de los menores no acompañados debe ser solidaria entre comunidades
La semana pasada se debatía en el Congreso la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería (Ley 4/2000), en el que se hace referencia explícitamente a los menores no acompañados. Entre sus muchas consideraciones está la de que “se considerará regular, a todos los efectos, la residencia de los menores que sean tutelados en España por una Administración Pública o en virtud de resolución judicial, por cualquier otra entidad. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, se otorgará al menor una autorización de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores. La ausencia de autorización de residencia no impedirá el reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan por su condición de menor”.
Como se puede observar, una vez que un menor no acompañado entra en España pasan a ser considerados, por su interés superior, como nacionales y, por tanto, deberán ser tenidos en la misma consideración que estos en todas sus necesidades y derechos. Esto supone todo un drama para las comunidades y ciudades autónomas de acogida cuando sus poblaciones inmigrantes crecen a oleadas y estas no disponen de los medios materiales y económicos para paliarlas. Lo mismo les ocurre a los estados del sur de Europa con el resto de los inmigrantes y, por ello, están continuamente solicitando, por un lado, la cooperación económica del resto de los estados de la Unión europea con el fin salvarles sus vidas y, por otro, su solidaridad posterior para distribuirlos entre todos los países miembros. Todo ello, como sabemos, produce continuos choques inspirados tanto por la más pura xenofobia como por su racanería económica, y siempre en forma de multitud de escusas que a los países del sur nos parecen toda una agresión a la humanidad que deberíamos tener con unos seres humanos que huyen de las guerras y de la falta de posibilidades para una vida digna.
Como digo, esta misma insolidaridad es la que se está dando en España con los menores no acompañados. En este caso, aún causa un mayor estupor no sólo porque se pretenda que una comunidad se haga cargo de todo lo que estos necesitan, sino porque incluso haya propuestas tan agresivas como pretender que la Armada española se dirija a las costas de sus países de origen para interceptarlos y devolverlos.
Está claro que la solidaridad de toda Europa con los países del sur debe agrandarse mucho más y debe regularse mucho mejor, y lo mismo la de unas comunidades españolas con otras, porque dejar a los menores que lleguen a Canarias o a Ceuta acinados en barracones no es lo que estipula ni la Convención de los Derechos del Niño ni lo que dicen todas y cada una de las leyes de las comunidades autónomas respecto de la protección de la infancia. Por lo que, si el PP se considera de un partido de Estado, no puede ni debe ejercer el gobierno de sus comunidades autónomas como si fueran territorios cerrados a la cooperación, más aún si cabe cuando están perjudicando no sólo a una comunidad gobernada por su propio partido sino, sobre todo, porque está perjudicando a menores indefensos en todos los aspectos de la vida.
En definitiva, introducir la obligatoriedad legal de que todas las Comunidades Autónomas españolas tengan que acoger solidariamente a los menores que lleguen a España en el artículo 35 no es más que volver redundante lo que ya proclaman las leyes autonómicas establecidas, pero que desde la torticería partidista del PP no se quiere asumir. ¡Y después, se duelen de los menores que mueren en sus países de origen porque no se les da la protección adecuada!
José Manuel Suárez Sandomingo
