Faltar a clase, un derecho en cuestión
La decisión del Tribunal Supremo de resolver que no cabe someter a la autorización previa de los padres el derecho de los alumnos a partir de 3º de la ESO a decidir colectivamente la inasistencia a clase en señal de protesta ha sido recibida de forma desigual por padres y especialistas. Los primeros apuestan por confiar en sus hijos y que estos aprendan a tomar decisiones desde la participación y el consenso, pero expertos como el presidente de la Asociación Profesional de Pedagogos de Galicia, José Manuel Suárez, recuerdan que a esas edades es “una responsabilidad que no pueden asumir”. Mientras, a Carmen Fernández, decana de la facultad de Ciencias de la Educación en Santiago, donde se forman los futuros maestros y pedagogos, le preocupa el “vacío legal” que se crea si los padres no están informados de lo que hacen sus hijos y se pregunta en quién recae la responsabilidad de lo que pueda suceder si los niños deciden secundar una huelga.
Los primeros interesados no están preocupados. Como señala Bertila Fernández, portavoz de las APAs de Vigo, no hay ni debate, ya que los progenitores “toman con naturalidad el derecho de los niños a ir a la huelga”. En Galicia, a diferencia de la Comunidad Valenciana, cuyo decreto cuestionó el Supremo, se sigue la ley estatal, que permite que la decisión sea de los menores a partir de 3º de la ESO y “no hay tantos problemas”, como apunta Helena Gómez, presidenta de Confapa en Galicia.
“Consideramos que ya están en edad de decidir y estas cuestiones son un aprendizaje para gestionar y analizar una información y buscar un consenso con autonomía”, afirma Bertila Fernández. “Es una manera de empezar a caminar en ese sentido e interesante que aprendan a gestionar este tipo de situaciones”, subraya.
No obstante, matiza: “Es importante que las familias tengan información de las convocatorias”. Aunque eso en Galicia es fácil, señala, ya que “hay bastante comunicación con los sindicatos de estudiantes y nos llaman cuando hay una huelga o protesta”. En ese sentido, considera “una responsabilidad de los padres” saber si los niños van a la huelga.
La decana de la facultad de Ciencias da Educación de Santiago, Carmen Fernández, defiende que los tutores sepan lo que hacen sus retoños, porque a esa edad “están configurando su identidad”. “Son niños de 14 años. Si se les pide autorización para todo, ¿por qué para esto no?”, se pregunta. “Al menos los padres deben saberlo”, recalca.
Lo que más le preocupa es el “vacío legal” que deja la decisión del Supremo sobre la “responsabilidad del menor” si este decide hacer huelga. “Si los padres son responsables legales del menor en términos civiles, como mínimo deben conocer lo que hacen sus hijos, porque, si no, se coloca a los profesores en una tesitura borrosa y se les somete a presión”. “Como mínimo”, reitera, “los padres deben estar informados”.
El presidente de los pedagogos gallegos, José Manuel Suárez, parte de que la ley no le da a un menor de 16 años autorización para “hacer muchas cosas” y subraya que “no tienen capacidad plena para decidir asuntos de este calibre”, señala. “Estamos hablando de adolescencia en plena efervescencia, sin capacidad de razonamiento pleno, donde ese tipo de decisiones no son consensuadas, libres, plenas, sino que se dejan llevar por el ambiente de grupo”, alega.
Pone un ejemplo: el botellón “es un consenso de grupo”. “A los 14 y 15 años esto les parece lo máximo a lo que pueden aspirar, por eso que un tribunal les dé una responsabilidad que no pueden asumir no parece razonable”, afirma. En esa línea recuerda que si un menor comete un delito se considera una falta: “Si no les damos una responsabilidad de adulto en eso, ¿por qué les damos la capacidad de hacer las cosas que hace un adulto?”. No sin autorización paterna, concluye.
Fuentes: Faro de Vigo – La Opinión Coruña
