Derechos educativos especiales

Los pasados 20 y 21 de abril tuve la ocasión y la suerte de participar en las jornadas “La educación pública, nuestro compromiso”. Fueron organizadas por el Grupo Parlamentario y Área Federal de Izquierda Unida, y se celebraron en el Congreso de los Diputados de Madrid. Lógicamente, con la actual coyuntura política y económica, el contenido de las jornadas se vio muy marcado por la crisis y los recortes, pero salvando lo coyuntural, por el calado intelectual del debate político-educativo, fue un rayo de luz tras el frío invierno.

Tuve la sensación de encontrar algunas luces, tan necesarias en estos tiempos en que el mundo de la intelectualidad se muestra tristemente azul oscuro, además de compartir la emoción por el descubrimiento de un nuevo concepto: “Los derechos educativos especiales”.

Como Viki, el vikingo cuando tenía una nueva idea, sentí la luz de la bombilla sobre mi cabeza, al escuchar este concepto a la compañera Pepa Alcrudo Subirón de la Plataforma 0-6 de Madrid, una organización que trabaja para y por la Educación Infantil. Ella, en su exposición, antes de utilizar el concepto de “necesidades educativas especiales”, en una oración subordinada, sin darle mayor importancia, prefi rió emplear otro: “Derechos educativos especiales”. Al terminar el debate, salí tras la compañera para expresarle mi gratitud por su idea, así como su permiso para escribir este artículo, pues la idea bien merece una reflexión.

Confieso que el concepto “necesidades educativas especiales” nunca me gustó. Pone el acento en el défi cit, parece que alguien tiene una carencia que le lleva a la “necesidad” de que esta sea cubierta. La piedra está en el tejado del alumno o alumna, pues se pone de manifi esto que él o ella tiene una necesidad, sin que nada ni nadie más se vea afectado en su entorno escolar. Más allá del reconocimiento de la necesidad, el concepto no recoge ningún compromiso de abordarla.
Calificar estas necesidades educativas de “especiales” aproxima peligrosamente el concepto a una fi losofía segregadora, pues entiende que las necesidades que presenta esa persona no son las mismas que las de la mayoría de la población. De este modo, hay quienes creen que estas “necesidades especiales” requieren unas medidas educativas “especiales”, al margen de la mayoría e, incluso, fuera de la vista de la dinámica cotidiana del centro. También sirven para que una parte del profesorado e incluso algunos centros se escuden en que no saben cómo tratar la educación “especial” y no atiendan a este alumnado. Así, “por su bien” (cuántas veces hemos oído esta frase, desgraciadamente), prefi eren dejar esta tarea en manos de especialistas, que “sí saben” cómo hacerlo en sus aulas de integración. Sin embargo, estas aulas son justamente lo contrario, auténticas aulas de desintegración, pues tienen otra organización, otro profesorado, otro currículo, otro horario, otras tareas…

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