La educación familiar choca con la Justicia
La denuncia de una adolescente de Baeza a sus padres por un castigo que provocó la detención del padre, la imputación de la madre y el ingreso de la menor en un centro tutelado ha suscitado una oleada de reacciones. Los consultados para este reportaje se mueven entre la incredulidad y el recelo por el hecho de que la estricta aplicación de la Ley permita cada vez menos que los padres eduquen a sus hijos como ellos decidan.
La madre declaró al Diario de Jaén que no conocía ni el supuesto delito por el que está imputada. Para ella todo el asunto se resume en una regañina. “No es tanto como parece”, aseveró, al tiempo que manifestó: “Es un problema que hemos tenido con nuestra hija porque hace cosas que no debiera”. La mujer también expresó su contrariedad ante el frente judicial que la ha apartado de la adolescente: “La Ley no te permite educar a tu propia hija”.
Esa misma idea apunta Pilar Pascual, vocal de la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumn@s (Foanpas). “Castigos como quitar el móvil o no dejar salir son muy normales para corregir a los adolescentes, los hacemos todos los padres. Media España estaría entonces condenada por hechos así. Va a llegar un momento en que nos dejen sin autoridad o no nos atrevamos a castigar por miedo a que nos caiga una demanda”, advierte Pascual.
También a José Manuel Suárez, presidente de la Asociación de Pedagogos de Galicia (Apega) le parece “desproporcionada” la reacción de las autoridades hacia los padres de la niña. “Me parece un abuso de autoridad que se detuviera a los padres si no había otras denuncias, que es lo que no sabemos”, apunta. Aún así, considera que “cada día más, el Estado se entromete en temas familiares juzgando actitudes de los padres que no deberían salir al exterior”.
Encarna García, presidenta de la Asociación contra el Acoso Escolar, coincide con las otras asociaciones en que el caso de la niña de Baeza “tiene que haber pasado algo más; si simplemente han condenado a los padres por haberla castigado sin salir, media España estaría condenada”. García opina que muchas veces “los jueces desconocen lo que ocurre en la realidad y dejan a los padres sin herramientas para educar; a veces la justicia camina a un paso más lento que la sociedad”.
La presidenta de la Asociación contra el Acoso Escolar advierte de que en estos momentos la ley deja bastante desamparados a los padres o tutores. “Ahora es muy fácil que un menor se invente que le has pegado o lo que sea y te cae una buena; estas cosas hacen que los padres pierdan su capacidad de educar”, afirma.
El Fiscal de Protección de Menores, José Ramón García Palacios, cree también que “debe de haber algo más detrás de esta historia; no puede ser un simple castigo de no dejar salir a la calle a una adolescente porque por eso no se detiene a unos padres”, asegura.
Hace años el derecho a la corrección de los padres formaba parte de su patria potestad, en ello se amparaba el polémico “cachete”, que hoy está prohibido por ley. “Sin embargo, el derecho de castigo como prohibir a un hijo salir de casa es totalmente legítimo y entra en el derecho a educar”.
Por ello, el fiscal entiende que “esos padres es posible que se hayan excedido en el castigo y se trate ya de maltrato, por lo que han incurrido en delito y por eso hayan intervenido las autoridades”, indica.
También el fiscal admite que hay casos en que los menores “magnifican las situaciones vividas; se saben muy bien las leyes y son conscientes de que pueden poner en un aprieto a sus padres”, afirma.
De la prisión a una madre por dar un bofetón a su hijo al “ni-ni” obligado por el juez a irse de casa.
La posibilidad de que la menor de Baeza haya sobredimensionado el castigo de sus padres pone de actualidad otros casos en los que se puso en entredicho la actuación de los cuerpos de seguridad o de los jueces.
Uno de los que más polémica provocaron fue la condena de 45 días de prisión y a permanecer alejada de su hijo más de 500 metros durante año y medio a una madre sordomuda también de Jaén que dio un bofetón a su hijo. La madre le recriminó a su hijo de 10 años porque no había hecho los deberes del colegio. El menor la respondió tirándole una zapatilla. Después corrió a encerrarse en el cuarto de baño. La madre consiguió abrir la puerta y, tras agarrar al niño del cuello, le dio un golpe detrás de la cabeza que le hizo que se golpeara la nariz contra el lavabo y sangrara. Tres meses después, el Gobierno decidió indultar a la madre.
Otro conflicto entre padres e hijos ocurrido en abril del año pasado en Málaga también generó polémica sobre el tipo de educación que los padres dan a los hijos. En esta ocasión, un juez obligó a un joven “ni-ni” de 25 años a irse de casa tras demandar a sus padres porque no le daban 400 euros al mes.
Por otra parte, un juez de Las Palmas condenó en otra ocasión a pagar una indemnización de 5.000 euros al padre de un menor que subió una foto ofensiva de una niña de 15 años a la red social Tuenti. La sentencia considera responsable al progenitor por no vigilar a su hijo. El magistrado condenó al padre por su culpa in vigilando, es decir, por la omisión del deber de vigilancia que a los padres correspondía. Considera que los progenitores tendrían que haber empleado una mayor diligencia en su “educación.
Fuentes: www.farodevigo.es – www.laopinioncoruna.es
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