Ignasi Grau (OIDEL): “En España, las familias gozan de bastante libertad de enseñanza”

Ignasi Grau dirige desde Ginebra OIDEL, el mayor lobby europeo en defensa de la libertad de enseñanza. Presentaron hace unas semanas en el Congreso de los Diputados el Índice de Libertad de Enseñanza 2023

 con el ranking de países del mundo ordenados por este criterio.

¿Cómo sale España? Pues nada mal, somos los 13º del mundo y los 6º de Europa. Grau admite que «las familias españolas gozan de bastante libertad de enseñanza«, pero no se conforma: «Tal vez es que los demás están muy mal». Y no solo no se conforma, sino que saca tarjeta amarilla: «Una interpretación restrictiva de la Lomloe nos haría bajar en el ranking».

Para este gerundés, abogado, graduado en Administración de Empresas y máster en Teoría Política por la Universidad de Ginebra, la libertad de enseñanza es por encima de todo un derecho fundamental de la persona. Se rebela contra su uso partidista por parte de izquierdas y derechas, o contra su uso clasista por parte de los de arriba y de los de abajo.

Contra el argumento de la izquierda de que nunca habrá libertad de enseñanza mientras no haya igualdad de oportunidades, responde tajante: «Negar la libertad de enseñanza porque no hay igualdad de oportunidades es como impedir la libertad de prensa porque hay periodistas que mienten». Y vuelve machaconamente al argumento raíz: «La libertad de enseñanza es un derecho fundamental de la persona». Motivo por el cual, según Grau, también deben defenderla aquella mayoría de familias que llevan a sus hijos a colegios públicos. Es algo que debe interpelarnos a todos como ciudadanos de sociedades democráticas.

¿Y cómo se mide la libertad de enseñanza de un país? Para Grau, el indicador principal es la financiación pública que reciben las llamadas Escuelas No Gubernamentales, o sea, la concertada. Nunca habrá libertad de enseñanza mientras no se garantice la pluralidad de oferta y la gratuidad de acceso. «Sin financiación pública las familias no pueden escoger», dice.

Intenta zafarse de la incómoda cuestión de las cuotas que cobran los concertados, pero le apuro y fija posición: «Gran parte de las cuotas se explican porque esos colegios no están recibiendo la financiación que necesitan». Aunque también reconoce que si hay abusos, la inspección debería intervenir.