Algunos avances entorno a la salud mental infanto-juvenil en Galicia
Hace unos meses les trasladaba aquí la preocupación que había en España en torno a los problemas de salud mental infantil. Les decía entonces que este país debería de disponer, al igual que ocurría en muchos otros país europeos, de nuevas formas de actuación sanitaria para tratarlos. Ahora parece que algo se está moviendo en este sentido. De hecho, la semana pasada, la Consellería de Sanidade ha adquirido un doble compromiso. Por un lado, ha considerado la necesidad de ampliar la atención a la salud mental infanto-juvenil hasta los 18 años, cuando hasta ahora esta terminaba al cumplir el joven los 16 años. Esta ampliación supone de por sí todo un avance, ya que alrededor de los 15-16 años es cuando se puede determinar claramente que un joven está afectado de una enfermedad mental y que precisa de un tratamiento específico. Pero, por otro lado, lo que no parece tan lógico es que el nuevo plan asistencial proyectado para este colectivo se deje en manos de una plataforma privada, en lugar de implementarlo dentro de los recursos sanitarios públicos, puesto que, de este modo, este quedará sujeto a unos estándares de calidad que en algunos casos no estarán acordes con los establecidos por la sanidad pública.
Es un hecho que, desde la pandemia del covid-19, todos los sistemas de atención a la infancia (educativo, sanitario, protector, etc.) han notado un notable incremento de la incidencia de esta problemática entre los niños y jóvenes. En este sentido, uno de los últimos estudios avalado por Unicef y la Universidad de Sevilla establece que uno de cada cuatro chicos de entre 13 y 18 años asegura que sufre o ha sufrido algún tipo de trastorno psicológico en los últimos doce meses. Los problemas manifestados incluyen desde malestar reiterado, baja autoestima o estrés hasta cuestiones más graves, como ansiedad, depresión, autolesiones o trastornos alimentarios. Además, el 41% de ellos confiesa problemas psicológicos y la mitad aseguran padecerlos sin ninguna duda, mientras que la otra mitad piensan que los tienen o los han tenido.
Ante la gravedad de estas nuevas situaciones, la Administración ya había tomado algunas decisiones importantes, como la de incorporar la figura de los psiquiatras infanto-juveniles al sistema sanitario. Sin embargo, su dotación, por el momento, no ha alcanzado las ratios más imprescindibles, haciendo que sean los servicios sociales los que cubran la responsabilidad de su atención, algo que, como ya decíamos en el artículo anterior, no es un tema de su incumbencia: la inmensa mayoría de los niños y jóvenes afectados por problemas de salud mental son pacientes y no menores en situación de desamparo.
Por todo ello, queda mucho trabajo urgente por hacer para crear una red sanitaria de salud mental infanto-juvenil, con unos hospitales públicos dotados de unidades de salud mental en los centros de salud de atención primaria, así como de sistemas de derivación urgente a los servicios especializados, dejando de una vez por todas que se encaminen hacia los servicios de protección, como en la actualidad. Los servicios de protección a la infancia no están para dar tratamiento médico especializado a los menores de edad, sino sólo para cubrir las deficiencias familiares y de desamparo de los menores a través de dos figuras jurídicas, como son la guarda y tutela públicas.
Sería muy cuestionable socialmente que los políticos siguiesen dándoles esquinazo a los problemas sanitarios de estos jóvenes, puesto que con ello lo único que lograrán será convertirlos en pacientes crónicos y vulnerables. El momento de aminorarlos o atajarlos es ahora. Y ahora también el de poner al alcance de los jóvenes y sus familias los recursos imprescindibles para conseguirlo.
José Manuel Suárez Sandomingo
