¿Dónde vamos a acoger a los menores no acompañados que lleguen a Galicia?
Hablábamos la semana pasada de los menores no acompañados que próximamente llegarán a España desde Canarias y decíamos que ellos supondrían para España, en general, y para Galicia, en particular, esa savia nueva que podría dinamizar nuestra vida económica los próximos años, algo de lo que nosotros no nos habríamos provisto al generar un acusado descenso de la natalidad durante las últimas décadas.
Pero antes de que todo este futuro halagüeño tenga lugar, hemos de pensar en donde habremos de acoger a estos menores para desarrollar todos los medios para su integración sociolaboral.
Para el PP y los partidos conservadores, en general, los servicios sociales son un mal necesario. Es decir, la sociedad debe disponer de ellos, pero sin dedicarles demasiada atención ni presupuesto, pues, según les parece, es una inversión con poco valor añadido y que cada año va a necesitar más dinero para su mantenimiento. Para ellos rs mucho mejor invertir en negocios prósperos o con un alto nivel especulativo que proveer a la sociedad de los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida del conjunto de sus ciudadanos, sobre todo de los que no han sido amparados por unos buenos y prósperos destinos vitales. En definitiva, para los partidos conservadores los servicios sociales han de mantenerse en un régimen de subsistencia o, lo que es casi lo mismo, de caridad. Sólo quedan excluídos de esta ecuación los centros de mayores que pueden ser levantados y organizados por empresas privadas a las que se les da el derecho de recibir subvenciones de las Administraciones, a la vez que se les permite cobrar a sus usuarios una parte o la totalidad de los gastos por sus servicios.
Y en este tema ¿qué piensan los conservadores de los centros residenciales de menores? En este caso, estos no les pueden cobrar a sus usuarios, ya que la inmensa mayoría de ellos proceden de familias que o los han abandonado, -desamparado, es el término legal con el que se reconoce el desinterés familiar por sus hijos-, o han cometido hacia ellos alguna negligencia que les ha costado su guarda o tutela. Así que, en España, son las autonomías las que tienen la facultad o competencia para hacerse cargo de ellos y de todos sus gastos. Y aquí es donde empiezan a aparecer los problemas.
La mayoría de las autonomías, incluida la gallega, cicatean en los presupuestos destinados a la atención de los menores, e incluso en ocasiones, también en la dotación de sus centros y plazas, así que muchas veces acuden a otras comunidades para buscar los servicios y plazas de que no dispone, incumpliendo de este modo una legislación que dice que el acogimiento residencial deberá tener “lugar preferentemente en un centro ubicado en la provincia de origen del menor” (art. 21.d de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Y si estas anomalías por no disponer de las plazas adecuadas para nuestros menores y tener que trasladarlos a otras comunidades son moneda corriente, ¿qué no ocurrirá cuando lleguen varios contingentes excepcionales de menores no acompañados? Pues, muy fácil, que tendrán que alojarlos en albergues sin las condiciones necesarias ni el personal competente para su asistencia. Esto es, por ejemplo, lo que ya ha ocurrido en Madrid, donde la Comunidad Autónoma ha pensado en alojarlos en unas infraestructuras pensadas para otro tipo de actividades y que, además, se encuentran fuera de cualquier medio social con los servicios imprescindibles para que se pueda completar o complementar sus necesidades residenciales y de integración sociolaboral. Otro tanto podrá ocurrir en Galicia donde ni sobran plazas residenciales ni cuenta con los servicios para permitir la integración de los menas de forma apropiada.
José Manuel Suárez Sandomingo
