Restringir el móvil en los colegios no basta para paliar el efecto de las redes sociales

«Es imprescindible regular de forma explícita la prohibición del móvil, con las precisiones necesarias para que docentes y familias tengan claro cómo actuar», y asignando «recursos humanos y materiales para gestionar el cumplimiento de la prohibición», indica la Asociación de Directores de Instituto de Enseñanza Secundaria de Madrid (Adimad). «El principal problema que tenemos con los móviles no es su uso durante el horario lectivo», con fines pedagógicos y bajo supervisión del profesor, sino que «los menores de 14 años acceden a redes sociales sin ningún tipo de control» de las familias, explica la presidenta de Adimad, Rosa Rocha. Se producen «muchos conflictos entre iguales, acoso escolar, un lenguaje totalmente inapropiado e imágenes de pornografía, y debería haber un control más férreo por parte de los padres», añade.

En Madrid y otras comunidades que ya han implementado normativas, «cuando un alumno está haciendo un uso indebido del móvil y el profesor se lo requisa, en algunas ocasiones no quieren entregarlo, generando situaciones de agresividad, insultos e incluso de histeria», explica la presidenta de Adimad, Rosa Rocha. Algunos alumnos tienen «verdaderos problemas para desprenderse del móvil ni siquiera durante unas horas». La normativa que plantea el Ministerio de Educación a las comunidades «ayuda pero no es suficiente. Hay que implementar recursos para mejorar su uso por parte de los jóvenes y, para quienes tengan conductas adictivas, debería haber más apoyo psicológico en los centros». La propuesta del Ministerio consiste en un uso cero del móvil en Primaria, y limitado a actividades pedagógicas supervisadas por el profesor en Secundaria.

Responsabilidad social

«Es un problema social que no solamente se resuelve con prohibición en la escuela. Tiene que haber consenso con las familias sobre la edad oportuna para comprar un móvil» y su uso fuera del horario lectivo, según la pedagoga y secretaria de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, que pide alternativas de ocio saludable, deportes, etc. Prohibir el móvil «es una medida que tiene coste cero» con la que «todas las administraciones están de acuerdo», y además «distrae a la opinión pública de otros problemas que sufre el sistema educativo por falta de inversión. En Madrid se prohibió y los problemas siguen siendo los mismos porque son estructurales», añade. Además, «si en la escuela se limita a prohibir, ¿dónde se va a educar en competencias digitales y en un uso responsable?», cuestiona Galvín que pide plantillas de coordinadores de Bienestar, más orientadores, entre otros perfiles.

Educación digital

Para la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos, los móviles pueden ser «una herramienta pedagógica más» y las administraciones deben exigir «el cumplimiento de las leyes por las plataformas, vinculando un régimen sancionador a las que no cumplan y generando herramientas efectivas de verificación de edad para acceder a contenidos». El sindicato de profesores ANPE, conforme a lo aprobado en el Consejo Escolar, defiende que el uso del móvil se acompañe de otras actuaciones como refuerzo en orientación y tutorías, revisión de los tiempos, alternativas de ocio en los recreos y formación en el uso responsable dentro y fuera del centro. Asimismo, UGT aboga por «educar por encima de prohibir», respetando la autonomía pedagógica de los centros y estableciendo «sistemas de protección necesarios para que alumnado y profesorado estén amparados de un mal uso».

Una regulación clara

El Ministerio «hace bien en regular y poner algo de orden», asegura el sindicato CSIF. «Necesitamos una regulación clara que no sea interpretable y por supuesto esté consensuada con la comunidad educativa», según su responsable de Educación en Madrid, Miguel Ángel González. «Pedimos el refuerzo de la autoridad docente en los mismos términos en los que no se permite grabar y difundir un vídeo de un agente de la autoridad, pero en este caso dentro de un aula», añade. Aunque en Madrid el uso de móviles está «más o menos encauzado» desde el decreto de 2020, «pedimos a la Comunidad de Madrid que acate el acuerdo que se tome a nivel nacional, y al ministerio que realmente haga una regulación que ofrezca un mínimo de seguridad jurídica y refuerce al profesorado».

El Ministerio «debe hacer valer su posición coordinadora para consensuar la misma regulación para todas las comunidades. A nuestro juicio, es su deber. Al igual que el de la comunidad autónoma es acatarlo», concluye González.

Fuente: Magisnet