La gratuidad de la educación infantil del Partido Popular
Una de las medidas estrella propuesta por el PP para las actuales elecciones es la total gratuidad de las escuelas infantiles en toda España. Una situación que en algunas comunidades no es nueva, ya que el propio Núñez Feijóo se apuró a ponerla en marcha en la última parte de su gobierno en Galicia. Pero tampoco lo es en comunidades como Aragón, Madrid, La Rioja o Murcia ni tampoco en Cataluña, Valencia, Castilla y León, País Vasco o Baleares, que empezarán a ofrecerla para las familias con niños de 2 a 3 años, esto antes de que accedan al segundo ciclo de educación infantil, desde donde darán el paso a la educación obligatoria.
Pero de lo que no habla el candidato conservador a presidir el Gobierno de España es que ya el gobierno socialista ha puesto sobre la mesa 600 millones de euros, procedentes de los Fondos Next Generation, para crear más de 65.000 plazas de 0-3, y así poder aumentar las tasas de escolarización de esta etapa en toda España.
Además del criterio público de los fondos europeos, el dinero debe ser usado exclusivamente para crear nuevas aulas, es decir, para ensanchar la red de centros con nuevas instalaciones, algo a lo que se opone a la política del PP, siempre más dispuesta a auxiliar la iniciativa privada mediante subvenciones concertadas.
El reto de crear nuevas escuelas infantiles públicas provocó el rechazo de algunas comunidades autónomas como Andalucía, en donde el peso de las privadas es notable y las subvenciones públicas que se vierten en ellas alcanzan para favorecer a un 50% de sus alumnos. Sin embargo, tras la pretensión de renunciar a los 124 millones que le tocaban, finalmente, esta y el resto de las comunidades aceptaron de buena gana el dinero. A buen seguro que pensaron “dame ahora el dinero, que después ya haré una normativa adaptada que favorezca a los intereses de los míos”.
Esta política de “coge el dinero y corre” no es nada nueva en España, donde muchos dineros europeos fueron a parar a entidades o a destinos que no cumplían, en ningún caso, con las expectativas para los que se generaron, teniendo que devolverlos en los siguientes ejercicios tanto el Estado como las Comunidades autónomas. Algo por lo que tanto uno como las otras, además de perder parte de sus propios fondos, es decir, de nuestros buenos impuestos, también lo hicieron de su credibilidad para futuras opciones.
Hacer malabarismos económicos para atraer el voto del ciudadano hacia las posiciones de un partido que para sus adentros no cree en lo que está diciendo, además de una falsedad a todas luces, es un engaño mayúsculo para aquellos que creían que iban a poder mejorar sus vidas y las de sus hijos, compensándoles parte de su propio esfuerzo personal. Mientras que para el resto de la sociedad este espejismo supone que no pueda conseguir que las siguientes generaciones gocen de una educación pública de calidad y extendida a la mayoría de sus descendientes.
Poniendo todos los recursos económicos y sociales a nuestro alcance, se lograría dejar atrás situaciones de desventaja entre comunidades como las que hoy mantienen Murcia o Castilla y León, con unas tasas de escolarización en el 0-3 de 17,8% y 18,5%, respectivamente, frente a Madrid o País Vasco, que permiten que el 45% y 50% de su población etaria pueda formarse desde su más tierna infancia. Si un país quiere progresar en políticas educativas no sólo debe hacerlo por los tramos altos, sino también por la base, lo que le permitirá un mayor desarrollo y unos estándares de vida más elevados.
José Manuel Suárez Sandomingo
