Escuelas Católicas, sobre la “ley trans”: debemos aprender a acompañar, no juzgar
El secretario general de esta patronal, que acoge a 2.000 centros, ha señalado que la «ley trans» o la ley del «solo sí es sí» afectan a la escuela igual que al resto de la sociedad y ha añadido que «evidentemente» existe la responsabilidad de «ser espacios plurales, sin renunciar a nuestros principios de identidad, que nacen y parten de la ética del evangelio, del cuidado y del encuentro».
Durante su intervención en el 39 Diálogo de Educación, organizado por la confederación de padres de alumnos Cofapa, Huerta ha subrayado que «tenemos que aprender a ser acogedores y acompañar esos procesos, no juzgar, no excluir a nadie y acompañar y saber escuchar y decirles que forman parte de aldea de la educación, que nadie queda excluido». Además, ha recalcado que los centros que representa, la mayoría concertados, desde siempre se han preocupado por proteger a todos, en especial a los más vulnerables. «No lo hacemos ahora porque lo diga una ley».
En este contexto, el secretario general ha apuntado al compromiso de sus centros con la Educación afectiva sexual que, «evidentemente desde nuestro ideario y principios éticos e institucionales, responden a un crecimiento de nuestro alumnado, docentes y familias y que ayude a identificar aquellos casos de violencia contra mujeres o contra los más débiles o que tienen otra identidad sexual».
Por otro lado, Huerta, teólogo y docente, ha opinado que la escuela concertada en general y la católica en particular está viviendo «una experiencia tremenda de acoso y derribo que no se vivía en mucho tiempo y que nos está dejando ante la sociedad como una escuela con voluntad de marginar, segregar y lucrarse». Ha reconocido asimismo que sin los conciertos, solo una minoría de centros podrían sobrevivir, aquellos con más «músculo» financiero.
Tras reiterar que estos convenios de la Administración están infrafinanciados, ha argumentado que las nuevas regulaciones normativas «nos condenan a desaparecer de los barrios más pobres y del medio rural». Huerta ha reconocido que su organización siente «impotencia» ante el «juego de desprestigio y demolición» del que ha dicho son objeto y ha defendido ser más prácticos y valientes para desmontar «los mantras y falsedades» que se vierten contra los centros concertado, tales como que son una «fábrica de desigualdad y de segregación o una máquina de hacer dinero fácil».
Igual que Huerta durante su intervención, la presidenta de Cofapa, Begoña Ladrón de Guevara, ha abogado por un diálogo en el que tengan cabida todos los agentes implicados del sector: «Nadie sobra porque nos jugamos el futuro de nuestros hijos».
