Los orientadores reclaman una ley estatal que les ponga a salvo de la privatización

La labor de orientación es tan importante como poco conocida. A menudo, este desconocimiento provoca que la asignación de recursos para cubrir esta área se limite a un único profesional de la orientación por centro educativo. Con el Gobierno azuzando a las comunidades autónomas con el látigo de los recortes, los orientadores sospechan que su situación puede empeorar. En concreto, alertan sobre la reducción de plazas de orientación y su posible sustitución por psicólogos educativos; e, incluso, temen que su labor sea externalizada, llevándose a cabo una privatización de los servicios de Orientación que “atenta contra el derecho a una orientación educativa pública y de calidad”.

Para hacer frente a esta situación, Ernesto Gutiérrez-Crespo, presidente del VI Encuentro Estatal de Orientación y de la Asociación de Psicopedagogía de Euskadi (Apside), reclama una ley específi ca de orientación de carácter nacional que, teniendo en cuenta las especifi cidades de cada comunidad autónoma, “garantice que el derecho de orientación esté cubierto en todos los centros y para todos los niveles, desde Infantil hasta la educación posobligatoria”. Se trata de establecer un marco común que garantice la actividad de los orientadores y que, además, contemple su formación y los recursos materiales y didácticos sufi cientes, sin perder de vista la especifi cidad y la diversidad de los alumnos.
Asimismo, esta normativa serviría para facilitar la cooperación interterritorial y la necesaria coordinación entre los diferentes servicios de orientación educativos, laborales, sanitarios, etc.

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