La exclusión de los pedagogos de la Educación Primaria
Desde hace décadas, los maestros han estado monopolizando corporativamente las plazas destinadas a pedagogos dentro de la Educación Primaria. Hablo con pleno conocimiento de causa, ya que en los años ochenta, cuando estaba finalizando la carrera, presencié cómo muchos maestros, tras acabar sus estudios de Magisterio y aprobar las oposiciones, se incorporaban directamente al tercer curso de la licenciatura en Pedagogía (Ciencias de la Educación, en la Universidad de Santiago de Compostela). Este acceso lo lograban mediante un curso puente, en el que se formaban en las asignaturas no homologables de su formación inicial con los dos cursos del primer ciclo de Pedagogía. Dicho curso era, en esencia, un compendio apresurado de contenidos que les permitía completar los requisitos necesarios.
Para ellos, esta estrategia representaba todo un logro. En apenas seis años obtenían dos titulaciones: una de grado medio (Magisterio) y otra de grado superior (Pedagogía). Sin embargo, este proceder tenía consecuencias significativas para el resto de los licenciados en Pedagogía. Las escasas plazas públicas disponibles en Educación Primaria quedaban acaparadas exclusivamente por ellos, cerrándole su acceso a sus antiguos compañeros de estudios, que acaban abocados al desempleo; obligados a buscarse otras alternativas laborales en profesiones afines o forzados a abrir gabinetes privados para sobrevivir profesionalmente.
Fueron tiempos muy duros, donde muchos tuvimos que reinventarnos profesionalmente en campos afines o completamente ajenos a nuestra formación de base. Pero aquella realidad, lejos de ser un vestigio del pasado, persiste con inquietante vigencia en pleno siglo XXI, evidenciando una alarmante resistencia del sistema educativo al cambio organizativo y profesionalizador.
La paradoja actual yace en el trato desigual que se les da a los pedagogos en los distintos niveles educativos. Así, mientras estos y los psicólogos pueden ejercer como orientadores en Secundaria sin titulaciones adicionales, en Primaria se perpetúa el círculo vicioso de su exclusión profesional. Este contraste desvela una contradicción flagrante: el Estado invierte en formar pedagogos a través de decenas de facultades públicas (con miles de graduados anuales), pero les niega sistemáticamente su espacio natural en la etapa educativa donde más se necesitan sus competencias.
Resulta ilógico –cuando no indignante– que una titulación oficial, respaldada por décadas de tradición académica y reconocimiento estatal, siga siendo marginada por dinámicas corporativistas, en las que se priorizan intereses gremiales sobre las necesidades reales del sistema. Esta anomalía no solo deslegitima la formación universitaria en Pedagogía, sino que desperdicia capital humano especializado en un momento donde la innovación educativa es más crucial que nunca.
El problema se agrava todavía más cuando se analizan los fundamentos de esta exclusión. Las entidades del magisterio (facultades, sindicatos, etc.) y las administraciones concernidas (Estado y Comunidades autónomas) alegan que, según la normativa vigente, para ejercer en Infantil y Primaria (incluso en roles de orientación) se requiere obligatoriamente el título de maestro en estas etapas. Este requisito, aparentemente técnico, esconde una incongruencia: los propios orientadores que trabajan en Primaria no disponen de una especialidad docente específica dentro del cuerpo de maestros que justifique tal restricción, sino que han de formarse en otra común a cualquiera que quiera ser pedagogo o pedagoga.
Esta paradoja regulatoria no solo perpetúa un sistema anacrónico, sino que invisibiliza un vacío formativo: si la orientación en Primaria requiere habilidades especializadas (como de hecho ocurre), ¿por qué no se crea una especialidad docente acorde? Y si no las requiere, ¿por qué excluir a quienes sí tienen formación específica en ese ámbito? La norma, en su rigidez, desatiende tanto la lógica profesional como las necesidades reales de los centros educativos.
Dicho de otro modo: se prioriza una titulación generalista (Magisterio) para acceder a funciones que, irónicamente, no tienen un desarrollo académico específico dentro de esa misma carrera. Mientras tanto, los pedagogos –formados específicamente en diagnóstico educativo, innovación pedagógica y gestión de programas de intervención–son excluidos por un sistema que valida credenciales sobre experiencia.
Y para ver todo esto más claro, pongámoslo en otro contexto: ¿Qué les parecería a los médicos que quisieran convertirse en médicos del sector público que tuviesen que ser primero enfermeros para entender cómo estos realizan sus prácticas sanitarias? Pues así están las cosas en el sistema educativo.
¡Y Europa pidiendo la libre competencia profesional! ¡Qué ingenua! En España, en el mundo de la educación primaria, todavía estamos en el siglo de los gremios, donde para ser maestro, no solo valía que tuvieses las capacidades técnicas necesarias para convencer a los que te contrataban (lo que hoy serían unas oposiciones), sino que tenías que demostrarlo ante los maestros del gremio. Y ellos, casi siempre premiaban a los que eran de su cuerda: sus propios hijos o aquellos ayudantes que les habían prometido que no iban a ser sus competidores.
José Manuel Suárez Sandomingo
