Una buena calidad de vida social empieza por mejorar las vidas de sus menores

Hace unos días el ministro de Derechos Sociales presentó la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, un plan que desde el Gobierno quiere rebajar la altísima cantidad de españoles que sufren penurias o, todavía más grave, viven en la indigencia.

El documento que consta de más de 200 páginas analiza y desgrana los problemas de estas familias y, particularmente, de sus hijos, a la vez que propone directrices y medidas para solventar sus problemas. En él se marcan dos actuaciones prioritarias y determinantes para erradicar la pobreza, como son el establecimiento de una prestación universal por crianza y la intervención del mercado de la vivienda.

El problema con lo que se encuentran los socios minoritarios del Gobierno es que para ello deben convencer a los socialistas de su aprobación y financiación. Pero una vez realizadas estas dos consideraciones, la oportunidad de disponer de una prestación familiar por cada hijo menor sería un instrumento idóneo para combatir la escandalosa cifra de pobreza con la que se encuentra España en la actualidad, que ya alcanza a uno de cada tres niños y adolescentes, y que suponen un total de 2,7 millones, la segunda tasa más elevada de la UE y que condena a casi 900.000 pequeños a vivir con carencias materias severas.

Sin saber hasta ahora cuáles serían las cantidades concretas, el ministro avanzó que la ayuda mensual por hijo rondaría los 2oo euros hasta los 18 años, aunque también advirtió de que tendría una implantación gradual por edades, empezando por las más bajas.

En las prioridades marcadas, tampoco se queda atrás la intervención en el mercado de la vivienda con el fin de acabar con la especulación actual. Una situación que es causa de empobrecimiento de los trabajadores españoles y de sus familias, señalando como prueba de ello que hoy ya el 40% de los inquilinos se encuentran en riesgo de pobreza, casi el doble que la tasa general, y que hace que cuatro millones de ellos vivan una situación de pobreza después de pagar sus gastos de vivienda.

Y aunque todo esto parezca algo novedoso dentro de la política social española en el tema de la infancia, la Unión Europea ya ha propuesto en el año 2021 una recomendación a través del Consejo para el establecimiento de una Garantía Infantil Europea, que se centra en aconsejar “a los Estados miembros que, al tiempo que dan prioridad al interés superior del niño, creen un marco de políticas integrado y propicio para abordar la exclusión social de los niños, centrándose en romper los ciclos intergeneracionales de pobreza y desventaja”. Y que desgrana en los siguientes aspectos:

1. “garantizar la coherencia de las políticas sociales, educativas, sanitarias, nutricionales y de vivienda a nivel nacional, regional y local y, siempre que sea posible, mejorar su pertinencia para apoyar a los niños de manera integrada;

2. continuar y, cuando sea necesario, intensificar la inversión en educación, salud adecuada y sistemas de protección social para abordar eficazmente las necesidades de los niños y sus familias, en particular de aquellos expuestos a la exclusión social;

3. garantizar políticas y recursos adecuados, incluso mediante medidas de integración en el mercado laboral, medidas de apoyo a los padres o tutores y apoyo a los ingresos de las familias y los hogares, de modo que las barreras financieras no impidan que los niños accedan a servicios de calidad;

4. abordar la dimensión territorial de la exclusión social, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los niños según las distintas zonas urbanas, rurales, remotas y desfavorecidas, sobre la base de un enfoque integrado y multidisciplinario;

5. fortalecer la cooperación y la participación de las autoridades nacionales, regionales y locales, las organizaciones de la economía social, las organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos del niño, los propios niños y otras partes interesadas en el diseño, la ejecución y el seguimiento de políticas y servicios de calidad para los niños;

6. adoptar medidas para promover la inclusión y evitar y abordar la discriminación y la estigmatización de los niños necesitados;

7. apoyar la inversión estratégica en servicios de calidad para los niños, incluida la infraestructura necesaria y una fuerza laboral calificada”.

Todo esto quedaría enlazado con la financiación que se les dedicaría a los recursos adecuados a través de los fondos nacionales y de la Unión, en particular el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y, cuando proceda, del REACT-EU, Invest-EU, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Instrumento de Apoyo Técnico.

Así que, más antes que después, España deberá poner en marcha aquellas medidas que palien la pobreza de los niños y de sus familias, algo en lo que ya llevan trabajando algún tiempo muchos países de nuestro entorno y que no sólo repercutirá en mejoras en su calidad de vida, sino también en la de la población en general.

José Manuel Suárez Sandomingo