Asesinato en un centro de menores
El reciente asesinato de una educadora en un centro de menores no es un hecho aislado que genere una nueva preocupación, sino que refleja una inquietud que ha sido constante a lo largo de mi carrera profesional en el ámbito de la atención a menores, especialmente en centros con medidas judiciales.
Como educador en este tipo de centros, y posteriormente desde mi posición en los servicios centrales de la Xunta de Galicia, he trabajado incansablemente para transformar esta preocupación en acciones concretas:
1. Desarrollo de protocolos que regulen el trabajo de los educadores
2. Implementación de medidas físicas y organizativas para la contención de menores
3. Diseño de actuaciones para agilizar el trabajo y reducir la ansiedad del personal
A pesar de estos esfuerzos, es inevitable que surjan problemas que no pueden anticiparse o resolverse desde el exterior. Sin embargo, es inaceptable que una educadora amenazada por menores se encuentre en una situación de vulnerabilidad, sin el apoyo de otro profesional, ya sea otro educador o, preferiblemente, un guardia de seguridad.
Es fundamental recordar que incluso los agentes de la Guardia Civil siempre trabajan en parejas por razones de seguridad. En un centro de menores con medidas judiciales en medio abierto, como era el caso en Badajoz, este apoyo adicional debería ser una medida preventiva estándar en todo momento.
La seguridad de nuestros educadores es primordial, y debemos garantizar que cuenten con el respaldo necesario para llevar a cabo su importante labor de manera segura y efectiva.
Cada Comunidad autónoma tiene su propia clasificación de centros de menores, y lo que allí, en Extremadura, llaman vivienda tutelada, según la prensa, en Galicia es una vivienda en la que conviven menores mayores de 16 años que ya están generando todas las pautas de un proceso de autonomía y no tengan que regresar a un hogar sin las mínimas condiciones para reintegrarse socialmente. La mayoría de estos menores se encuentran adquiriendo una formación profesional especializada, buscando activamente empleo, además de aprender todas las tareas que requiere la vida diaria (comprar, cocinar, llevar sus cuentas de gastos e ingresos, etc.). Mientras que un centro de medidas judiciales es otra cosa. En él los menores son ingresados por un juzgada de menores en aplicación de unas medidas de restrictivas sobre la vida ordinaria, que, en el caso de estos menores en medio abierto, les supondría que toda su vida diaria debería desarrollarse en las instalaciones del centro, teniendo que salir de él siempre acompañados por un educador o educadora. A primera vista y con estos requisitos, no parece muy normal que este centro estuviese instalado en un piso de una comunidad, ya que, de los 14 a los 16 años, los menores tienen que acudir obligatoriamente a un centro de educación o, cuando menos, las instalaciones tutelares deben poseer un aula regida por un maestro.
Los centros de menores en España enfrentan desafíos significativos tanto estructurales como profesionales. Nuestra red de centros de acogida es insuficiente para atender la creciente demanda, no solo de menores en situación de desamparo o con medidas judiciales, sino también de aquellos que tienen problemas de salud mental y conductuales. Esta situación es resultado de años de baja inversión y falta de actualización de las instalaciones.
Los equipos profesionales están enfrentando condiciones laborales precarias y ratios de atención muy por encima de lo recomendable. La complejidad de las problemáticas que presentan los menores ha aumentado, lo que requiere una atención más especializada y personalizada. Entre esta se encuentra:
1. Coordinación interinstitucional: Es necesario mejorar la coordinación entre servicios sociales, sector educativo, sanitario y de inclusión social.
2. Modelo de atención: Es preciso evolucionar hacia centros más pequeños que ofrezcan un ambiente similar al familiar, permitiendo una atención más individualizada.
3. Formación y recursos: Se requiere reforzar los recursos disponibles y ampliar la formación de los trabajadores para abordar la diversidad de necesidades de los menores.
4. Financiación: Es crucial aumentar la inversión para mejorar las instalaciones y garantizar ratios de personal adecuadas.
La mejora del sistema de acogida de menores es una tarea pendiente y urgente que requiere un enfoque integral, considerando tanto las necesidades estructurales como las profesionales, para garantizar el bienestar y los derechos de los niños y adolescentes bajo tutela de la comunidad autónoma.
Por todo ello, y por muchos otros factores que darían para llenar una biblioteca entera y no solo un artículo, las comunidades autónomas deben actualizar y optimizar todos los procesos relacionados con la atención a la infancia en desamparo, con medidas judiciales y extranjeros. En la mayoría de los casos, estas situaciones preocupantes o trascendentales no ocurren a menudo, pero hay todavía mucho margen de mejora para que se normalice el sistema de atención a la infancia y no ocurran desgracias como la presente.
Pero lo que si resulta ciertamente inadmisible es que la presidenta de una comunidad autónoma se limite a expresar públicamente su pésame a la familia de la educadora asesinada, cuando ella misma, junto con su consejera de Infancia y Juventud, es responsable última de la tutela de los menores implicados en este crimen. Un asesinato cometido con premeditación y en soledad, que podría haberse evitado si se hubieran adoptado las medidas preventivas necesarias. Es imprescindible que las autoridades asuman su responsabilidad y trabajen para garantizar un sistema de protección que no falle en su misión principal: salvaguardar tanto a los menores como a quienes trabajan por su bienestar.
Ver versión online (La Voz de Galicia)
José Manuel Suárez Sandomingo
