Los menores de Canarias no llenan nuestros centros, ya estaban llenos

Las recientes declaraciones de Fabiola García, Conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia, respecto a la gestión de menores migrantes no acompañados, plantean una serie de afirmaciones que requieren un examen riguroso desde múltiples perspectivas. Este análisis revela incongruencias en los argumentos institucionales, contextualiza la saturación del sistema de protección gallego en decisiones políticas históricas, y desmonta las narrativas utilizadas para justificar la falta de cumplimiento de acuerdos preestablecidos. La evidencia muestra que la sobreocupación del 104% no deriva exclusivamente de la acogida de menores migrantes, sino de una planificación deficiente y de la externalización crónica de servicios sociales a entidades privadas.

A todas las cuestiones a las que apunta la conselleira hay que ponerles bastantes peros. En primer lugar, hay que subrayar que, desde julio del año pasado, Galicia todavía no ha acogido ni siquiera a los primeros 28 menores de un contingente anual de 54 que la Xunta ya tenía pactado para ese año con el Gobierno central. Seguramente, esto quedó paralizado por el contubernio que las administraciones autonómicas comandadas por el PP pusieron en marcha para rechazar frontalmente seguir recibiendo en sus territorios el creciente número de menores de Canarias. Un rechazo que se apoya en motivos de lo más peregrinos, a la vez que inhumanos e insolidarios. Y si bien es cierto que el sistema de protección de menores de Galicia está saturado, esto no se debe a su recepción de menores no acompañado, sino más bien a que la política llevada a cabo durante muchos años por el PP no ha ido adecuando los servicios sociales de atención a menores a las necesidades de esta población ni en su número de plazas ni en las características de las mismas.

Fabiola García afirma que Galicia “siempre ha acogido a todos los menores migrantes pactados con el Gobierno” y los integra “igual que al resto””. Sin embargo, los datos desmienten esta aseveración: desde julio de 2024, la Xunta no ha cumplido ni siquiera con el 52% del contingente anual acordado (28 de 54 menores). Este incumplimiento se enmarca en una estrategia coordinada por comunidades autónomas gobernadas por el PP para rechazar la redistribución de menores desde Canarias, alegando motivos como la “saturación estructural”.

La referencia al 104% de ocupación requiere un análisis multifactorial. Según documentos de política social, la saturación no proviene de la llegada de menores migrantes —que representan solo el 18% del total atendido—, sino de una ausencia casi constante de inversión en infraestructuras públicas durante la última década; de la dependencia de redes de centros privados sin planes de ampliación, y de una falta plazas en programas de transición a la vida adulta, que hace que se prolonguen las estancias en centros de menores.

Durante 15 años, el PP gallego ha mantenido una política basada en la subvención de entidades religiosas y ONGs para gestionar los centros de menores, en lugar de crear equipamientos públicos, lo que ha tenido como consecuencia falta de recursos para atender a picos demográficos como el actual, lo que lleva a traslados forzosos de menores tutelados por Galicia hacia otras comunidades, violando así el principio de proximida.

El traslado de menores a otras regiones no es un fenómeno reciente en Galicia. Datos de 2023 muestran que Galicia derivó el 37% de sus menores en riesgo a Madrid y Castilla y León, comunidades que actualmente rechazan acoger migrantes. Esta contradicción expone un doble rasero: se externalizan responsabilidades propias mientras se niega solidaridad interautonómica.

La conselleira critica que el nuevo plan estatal excluya a Cataluña y País Vasco, presentándolo como una injusticia. No obstante, omite tres datos cruciales. Entre ambas comunidades tienen acogidos al 41% de los menores migrantes del Estado, pese a que estos representan el 22% de su población. Así mismo, el País Vasco mantiene una tasa de ocupación del 89% en sus centros, inferior a la gallega y Cataluña ya ha triplicado su presupuesto para protección infantil desde 2020. Todo ello desmonta el relato victimista de la jefa del departamento gallego, a la vez que muestra que el rechazo del PP se basa en cálculos electoralistas y no en criterios técnicos.

La retórica de “un montón de menores repartidos obligatoriamente” conecta con narrativas xenófobas ampliamente documentadas en estudios de comunicación política, señalando con términos como “montón” (cuantificador impreciso) y “obligatorio” (que sugiere imposición), que se está construyendo un marco mental de amenaza, estrategia recurrente en partidos de derecha para movilizar sus bases.

El traslado forzoso de menores contradice múltiples normativas:

• Convención de los Derechos del Niño (Artículo 20): Derecho a su protección especial y a considerar que las soluciones aportadas den continuidad a la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.
• Ley 26/2015: Garantía de atención en su entorno próximo.
• Reglamento UE 604/2013: Prohibición de traslados que impidan integración.

Además, la externalización de menores a otras comunidades implica un mayor gasto al coste de la plaza en Galicia. Una diferencia que podría ser utilizada para la creación de nuevos centros, incrementando así el número de plazas adecuadas en su territorio.

Todo esto nos lleva a decir que la crisis gallega en protección de menores no es resultado de factores externos, sino de decisiones políticas deliberadas e inadecuadas: desinversión en lo público, externalización a entidades privadas, y priorización de agendas partidistas sobre derechos humanos.

Solo mediante argumentos basados en datos, estructurados con coherencia y orientados al bien común, podrán superarse estas crisis artificialmente generadas. El caso gallego demuestra que cuando la ideología se antepone a los hechos, los primeros en sufrir las consecuencias son siempre los más vulnerables.

José Manuel Suárez Sandomingo