El acoso escolar en España, un asunto de derechos humanos
En España, son miles los casos de acoso escolar entre iguales que no se documentan debido a la ausencia de datos, una formación inadecuada y una rendición de cuentas deficiente.
El acoso escolar es una forma de agresión o de hostigamiento de carácter físico, verbal o relacional, que es deliberado y se repite en el tiempo, y que se basa en un desequilibrio de poder real o percibido que impide que la víctima se defienda.
Tiene efectos perjudiciales en el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la educación, la salud y a un nivel de vida adecuado. De conformidad con la legislación nacional y la internacional, las autoridades deben respetar, proteger y hacer cumplir los derechos de niñas y niños, lo que incluye protegerles de la violencia y la discriminación, y preservar, por encima de todo, el interés superior del menor.
En el curso de esta investigación, la primera que hace Amnistía Internacional sobre el acoso escolar, la organización se reunió con 125 personas: 17 madres y padres, 53 adolescentes y personas adultas jóvenes, así como profesionales del mundo académico, de la investigación y de la enseñanza, directores/as, orientadores/as escolares, psicólogos/as, organizaciones de voluntariado, sindicatos de docentes e inspectores/as de educación.
La mayoría de las entrevistas y reuniones tuvieron lugar en Extremadura y Galicia. Amnistía Internacional no considera que el acoso escolar sea un motivo de preocupación más significativo en estas dos comunidades autónomas y el informe tampoco hace ninguna comparación entre ambas. Todas las comunidades autónomas tienen un marco jurídico parecido en relación con el acoso escolar, todas cuentan con protocolos, y los servicios de inspección educativa funcionan con parámetros equivalentes en las 17 comunidades.
El presente informe analiza leyes y políticas implementadas por el gobierno central y las comunidades autónomas. En los últimos años, las autoridades han tomado medidas para responder al desafío del acoso escolar: hay protocolos al respecto en todas las comunidades autónomas y, en el ámbito estatal, existe el Plan Estratégico de Convivencia Escolar 2016-2020, con diversas medidas para prevenir y abordar el problema en las escuelas.
Los educadores y las educadoras han acogido con satisfacción muchas de estas políticas. Sin embargo, quedan importantes lagunas por cubrir si se quiere garantizar que se respetan y protegen los derechos de niñas y niños en las escuelas. El acoso escolar es un problema social, no un problema de uno u otro centro escolar. Las políticas y la atención de los medios de comunicación han arrojado luz sobre el tema, pero hace falta mucho más para garantizar que todos los niños y las niñas desarrollan plenamente su potencial y disfrutan de sus derechos.
El Plan Estratégico de Convivencia Escolar no se ha implementado en su integridad. El Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que solamente existe nominalmente, debería reunir información para realizar análisis, diagnósticos e intervenciones que puedan ser útiles para combatir el acoso escolar. La mayoría de los casos de acoso escolar identificados de forma preliminar por el servicio de atención telefónica del Ministerio de Educación (900 018 018) no han sido denunciados a la inspección educativa. Las formas no físicas de acoso, como los insultos, el hostigamiento y la exclusión social, suelen pasar desapercibidas y no se documentan en los cauces oficiales.
Las estimaciones oficiales, cuando existen, no captan el acoso escolar en toda su extensión y no ofrecen datos desglosados por orientación sexual, identidad de género, etnia, posición socioeconómica u otros motivos potenciales de discriminación.
Aunque se ofrece a las personas docentes cursos sobre acoso escolar, éstos no son obligatorios y los profesores y las profesoras no siempre los consideran útiles para identificar posibles casos de acoso en el aula.
Los centros y las autoridades deberían confiar en niños, niñas y adolescentes en la prevención del acoso escolar y la identificación de soluciones. En los lugares donde se ha implementado, la ayuda entre iguales ha demostrado ser muy eficaz para prevenir el acoso escolar y abordar otras alteraciones de la convivencia escolar. Las autoridades y los centros educativos deben implementar progresivamente sistemas de colaboración, equipos de ayuda, mediación, orientación, tutorías y otras formas de apoyo entre iguales en todos los centros.
Amnistía Internacional recomienda al Ministerio de Educación que revise e implemente el Plan Estratégico de Convivencia Escolar en su integridad, lo que incluye convocar al Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar; que informe a la inspección educativa de las comunidades autónomas de todos los posibles casos identificados por el servicio de atención telefónica, y que se asegure de que el alumnado del grado de Educación Primaria y del máster de Educación Secundaria de todas las universidades adquiere una base sólida sobre prevención del acoso escolar.
La organización recomienda a las consejerías de educación de las comunidades autónomas, incluidos los servicios de inspección educativa, que aborden todos los casos sin dilación, reúnan datos cuantitativos y cualitativos para hacer seguimiento e identificar los factores de riesgo, y hagan obligatoria la formación permanente de docentes en las áreas relativas a la convivencia escolar, el género, la diversidad cultural y las tecnologías de la información y la comunicación pertinentes al ciberacoso.
Centros escolares y profesorado deben asegurarse de que el alumnado y los padres y las madres conocen el protocolo sobre acoso escolar, la línea de ayuda telefónica del Ministerio de Educación y cualquier otro mecanismo para denunciar casos de acoso. Además, deberán informar a las autoridades de todos los posibles casos de acoso, garantizar que todo el profesorado recibe la formación adecuada para identificar y abordar estos casos, y fomentar una cultura escolar de respeto, diversidad e igualdad.
El acoso escolar no es una ”cosa de niños y niñas”. La responsabilidad la tienen las personas adultas.
Las autoridades, los centros escolares y el profesorado deben transmitir un mensaje claro de tolerancia cero. La libertad y la seguridad personal de los niños y niñas no debe depender de la bondad o falta de bondad de las personas adultas. Es un asunto de derechos humanos y las autoridades deben asegurarse de que se respetan y protegen los derechos de niños y niñas en todos los centros escolares.
